Esta directiva establece los condicionantes, con respecto a su accesibilidad, que deberán cumplir todos los sitios web y aplicaciones móviles del sector público: estatal, regional, local, universitario, etc. incluyendo también a los de los servicios gestionados por éstos entes como centros sanitarios y educativos, bibliotecas públicas, tribunales y órganos constitucionales, etc.